• Se dejará sin atención a más de 7.133 personas que presentan alguna problemática de consumo de sustancias psicoactivas.

El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), informa a la población en general que cerrará seis Centros de Atención Integral en Drogas (CAID) y dos Dispositivos de Bajo Umbral (Centro de Acogida y Unidad Móvil), debido al recorte en el contenido presupuestario establecido en la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, así como la Ley N° 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.  Las comunidades que se verán afectadas son:  

  • Alajuela, Centro de Atención Integral en Drogas.
  • Guápiles, Centro de Atención Integral en Drogas.
  • Heredia, Centro de Atención Integral en Drogas.
  • Liberia, Centro de Atención Integral en Drogas.
  • Pavas, Centro de Atención Integral en Drogas. 
  • Perez Zeledón, Centro de Atención Integral en Drogas.
  • Cristo Rey, Centro de Acogida.
  • Gran Área Metropolitana, Unidad Móvil Choza Esperanza.

Centros de Atención Integral en Drogas CAID

La interrupción de estos servicios afectará directamente a más de 5.283 personas que presentan alguna problemática de consumo de sustancias psicoactivas y han recibido atención integral, especializada y de calidad en los últimos años, por parte de los profesionales de cada uno de estos centros de atención.

Tan solo en el 2018 los CAID registraron más de 64.435 atenciones, de las cuales 33.003 correspondieron a consultas en medicina, 14.375 en psicología, y 14.553 en trabajo social, al no contar con el funcionamiento total de los CAID, estas consultas serían trasladadas a los servicios de atención que quedan disponibles en el IAFA y los centros de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) en dichas comunidades.

Para las autoridades del IAFA la suspensión de estos servicios se debe tratar como un tema de salud pública, que además atenta contra los derechos de las personas consumidoras de sustancias psicoactivas en condiciones vulnerables, que incluye tanto personas adultas como personas menores de edad y sus familias.

“Los servicios que se brindan en estos CAID son gratuitos y no se requiere seguro médico, más del 40% de las personas que asisten al IAFA no están aseguradas. La interrupción de estos servicios estaría dejando sin atención a las personas que no pueden costear estos tratamientos y adicionalmente se estaría saturando los centros de salud pública” aseguró el Dr. Oswaldo Aguirre, Director General de IAFA.

Adicionalmente, por medio de los CAID se atienden un promedio de 700 personas menores de edad por año, es importante recalcar que esta es una población vulnerable que exhibe los mayores riesgos para el consumo de sustancias psicoactivas y afectación de salud; si no son abordados oportunamente o se quedan desprovistos de atención clínica, existe una alta probabilidad de que se agrave la problemática de consumo.

Es importante destacar que para el año 2019 en los seis CAID se alcanzó un total de 28.419 atenciones y en el 2020, a pesar de las condiciones adversas derivadas de la pandemia por SAR-CoV19, se lograron 26.656 atenciones a personas con problemas de dependencia y sus familias.

Durante el primer trimestre de este año se han brindado 7.078 atenciones a personas que buscan abandonar el consumo de algún tipo de sustancia psicoactiva; lo que equivale a un 47% de lo proyectado y se ha superado la mitad de la métrica para personas usuarias, con un total de 2.365 personas atendidas.  

Los servicios que se han venido brindando en estos seis CAID responden a las necesidades detectadas por el IAFA en cada una de las comunidades y que comparten condiciones similares, caracterizadas por grandes distancias entre los distintos distritos, vulnerabilidad socioeconómica, desempleo y dificultad en el acceso a trasporte público, entre otros.

Para Wendy Castro, Coordinadora a.i del Área Técnica de IAFA “el objetivo de estos CAID es favorecer el acceso de los servicios de salud a las personas en condición vulnerable, las cuales se verán limitadas a recibir tratamiento por temas de traslado y/o distancias; sin embargo, ante esta situación de suspensión de servicios, ahora por ejemplo las personas de Libera que recibían tratamiento en el CAID de la localidad (ubicado en el centro de Liberia), deberán trasladarse hasta Santa Cruz para recibir atención, igual sucede con las personas usuarias de Perez Zeledón que deberán trasladarse hasta San Vito o la Sede Central en San Pedro de Montes de Oca, en caso de necesitar de los servicios de IAFA”.

Unidad Móvil Choza Esperanza y Centro de Acogida Cristo Rey

Al igual que los CAID estos servicios serán suspendidos y quedarán a la espera de la aprobación de un presupuesto extraordinario para retomar la atención. La interrupción de estos afectará de manera directa en la atención de personas mayores de 18 años con diagnóstico de consumo problemático de sustancias psicoactivas en situación de calle y condición de vulnerabilidad socioeconómica.  

Respecto a la unidad móvil, inició operaciones el pasado 6 de enero de 2021, y a la fecha ha visitado 33 comunidades del Gran Área Metropolitana, brindando más de 2800 atenciones a 1850 personas (entre intervenciones breves, orientaciones y charlas).  

Carlos Segura Badilla, visitó la Unidad Móvil Choza Esperanza en febrero pasado y afirma que “la atención recibida por parte de los profesionales de la Unidad Móvil le ayudó a controlar su problema de consumo; ya que recibió un gran apoyo y después de 15 años de estar en situación de calle, logró conseguir trabajo y ahora lleva una vida diferente”.

En el caso del Centro de Acogida en Cristo Rey, inició con la atención de usuarios desde el 1 de marzo del presente año, durante ese mes se brindó proceso de tratamiento a 26 usuarios (22 hombres, 4 mujeres), provenientes de diferentes áreas de San José, San Vito de Coto Brus, Quepos, San Carlos y Puntarenas.  

Ante esta situación el Dr. Aguirre aseguró que “el cierre de este servicio implica una violación a los derechos humanos de las personas en situaciones más vulnerables, ya que no cuentan con los recursos económicos para poder costear un tratamiento de esta calidad, el cual, es sumamente necesario para su proceso de recuperación”.

Para las autoridades de IAFA es probable que la suspensión de estos servicios conlleve a un retroceso multinivel que luego será más difícil subsanar:

A nivel individual: los usuarios actuales verán interrumpidos sus procesos, dejándoles desprovistos de atención en el corto plazo; pues aquellos que retomen la consulta en otro espacio tendrán que volver a generar confianza con el nuevo equipo terapéutico. La mayoría no logrará trasladarse hasta otros centros, aumentando el riesgo de recaídas y la sensación de abandono y fracaso personal. Los potenciales usuarios no contarán con una primera línea de atención cercana a su comunidad; reduciendo de esta manera la labor de la institución en el ámbito nacional.

A nivel familiar: en los CAID se realizan atenciones individuales, familiares y grupales de integrantes del núcleo primario de sus usuarios; por lo que el cierre implicaría truncar la labor que se ha venido realizando con ellos. El impacto negativo potencial para los usuarios podría desencadenar crisis en las dinámicas familiares, al no tener cerca al equipo para dar contención y acompañamiento profesional.

A nivel interinstitucional: las articulaciones realizadas deberán ser asumidas por otras instancias de IAFA, más alejadas y distantes de la realidad comunitaria. Además, habrá saturación de labores en los otros centros de salud.

A nivel social/comunitario: podría preverse un aumento del número de situaciones de riesgo y vulnerabilidad, producto de la no atención directa de las personas con consumo activo y además desencadenaría un recargo en otras instancias que podrían no contar con el conocimiento para el manejo de la enfermedad adictiva a sustancias psicoactivas. 

Las autoridades de IAFA están realizando importantes esfuerzos a nivel político, económico y humano; para lograr la aprobación de un presupuesto extraordinario que permita mantener la atención de estos servicios en las diferentes comunidades y no afectar a las miles de personas que requieren tratamiento y necesitan el seguimiento adecuado para mejorar su calidad de vida, la de sus familias, y así impactar de forma positiva en el ámbito social, laboral y comunitario.

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