Autoridades del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) comparecieron ante la Comisión de Asuntos Hacendarios este martes 9 de abril. Durante la intervención nuestros jerarcas resaltaron el compromiso de la institución de velar por la salud pública del país y refirieron que el patrocinio de bebidas con alcohol a eventos deportivos y recreativos es un retroceso.
El proyecto de Ley N° 21745 propone que se permita publicidad y patrocinio de la industria alcohólica a eventos y actividades recreativas.
La a institución considera que es fundamental que la legislación se direccione con normativas que favorezcan la salud pública y el bienestar de las personas que viven en Costa Rica, especialmente a poblaciones vulnerables.
Estas son alginas razones es que el IAFA se opone al proyecto de ley N°21745.
Por lo tanto, es lamentable que se promueva un proyecto de Ley que busca promocionar la droga legal que más daño causa a las personas jóvenes y se normalice su uso en actividades deportivas, familiares y sociales, donde datos del IAFA demuestran que el inicio del consumo de alcohol en el grupo etario de los 10 a los 19 años, tiene 6 veces más probabilidades de desarrollar problemas con el consumo de alcohol y conductas de riesgo asociadas.
De acuerdo con información del Proceso de Investigación del IAFA, unas ocho mil personas consultan cada año en los distintos centros de atención porque consideran que necesitan apoyo. De estas ocho mil personas 1600 son menores de edad.
“Como parte del trabajo de prevención que el Estado debe hacer, hay que restringir leyes como la que se pretende aprobar, ya que con ello se pone en peligro la salud mental de la población, lo que aumenta los trastornos mentales, la violencia familiar, laboral, estudiantil y social” expresó el doctor Oswaldo Aguirre Retana, Director General del IAFA.
Las razones expuestas son argumentos fehacientes por las que el IAFA afirma categóricamente que la promoción de bebidas alcohólicas en actividades socioculturales, deportivas y de recreación, incide negativamente en el ejercicio de los derechos humanos. Por lo tanto, la institución como
gobierno y ente rector en prevención, tratamiento e investigación del fenómeno del consumo de esta sustancia psicoactiva, está en la obligación de proteger estos derechos.
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